Por Fermín Selva, Consultor Senior de INFOMEDIA
Hay tres cuestiones del mundo del Oil&Gas a las que debemos atender desde los Asuntos Públicos, tras un tumultuoso año electoral en el que progresivamente regresamos a una cierta normalidad pre pandémica. Ellos son: la prometida ley de hidrocarburos, el debate sobre el offshore y su licencia social, y la construcción de poder que está iniciando Marcelo Rucci en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Durante septiembre 2021, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentó la Ley de Hidrocarburos, que sería enviada al Congreso para su aprobación. Durante la presentación el presidente explicó su objetivo y el consenso que había recaudado, en sus palabras, el texto busca “mejorar la capacidad productiva que la Argentina necesita en hidrocarburos y gas y tiene un rasgo distintivo, ya que todos fueron escuchados y aportaron para que esta ley sea más conveniente, fructífera para el futuro”.
Sin embargo, la iniciativa todavía no fue tratada por el Congreso Nacional. ¿Será el 2022 el año en que se convierte en ley? Por el momento, esto parece muy difícil. Más allá de haber sido presentado como un proyecto que contaba con el apoyo de todos los actores claves, en la práctica esto no fue así. Incluso, lo más probable es que termine reciclándose en una ley de carácter más general para el sector energético, que incluiría modificaciones a los impuestos a la venta de combustibles y una especial atención a la situación de YPF y su deuda tributaria.
Respecto al offshore, durante el pico turístico de fin de año de 2021, el gobierno nacional anunció que autorizaba a la empresa Equinor a realizar estudios de exploración sísmica en la Costa Bonaerense. Esta medida fue rápidamente criticada por organismos ambientales y derivó en multitudinarias protestas en la ciudad de Mar del Plata. Así, el impacto ambiental de la industria O&G, el cambio climático, y la participación ciudadana fueron el centro de la discusión. El desarrollo de este tema será clave durante el 2022, la industria se enfrenta a la necesidad de obtener la licencia social requerida para avanzar en el offshore, y el gobierno debe demostrar ser capaz de ejercer su rol de mediador entre la industria y la ciudadanía.
Por último, el 2022 encuentra al sector con un hecho inédito en las últimas décadas: Guillermo Pereyra ha dejado su posición de Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y ha sido reemplazado por Marcelo Rucci. El nuevo dirigente deberá construir su poder y su legitimidad hacía el interior del Sindicato. Por ello, es esperable que aumente el nivel de confrontación con las Cámaras y empresas de la industria. El flamante Secretatio General debe demostrar que es capaz de reemplazar a su antecesor y evitar el surgimiento de una rápida oposición interna. En otras palabras, Rucci trae incertidumbre al sector.
En un año marcado por la negociación con el FMI, la falta de dólares en el Banco Central y una indomable inflación, el sector energético deberá saber que será parte de la agenda de temas. Por un lado, los precios de las tarifas y los combustibles siguen retrasados; por el otro, Vaca Muerta es presentada como una gran oportunidad para el desarrollo del país. ¿Podrá la Argentina aprovechar esa oportunidad? La respuesta a esa pregunta se encuentra en parte en cómo se desarrollen los tres temas mencionados anteriormente: la búsqueda de reglas claras para el sector, la licencia social para la práctica de la actividad y las negociaciones con los sindicatos.